Reforma urbana: confianza, pero no carta abierta

Directo y Sin Escalas, Por Gerardo Herrera

José Luis García Parra hizo lo que debía: salir a explicar antes de que la reforma urbana fuera devorada por el ruido. Negó que la iniciativa quite facultades a los municipios o que sea una puerta lateral para el Cablebús. Y, de entrada, su argumento tiene lógica: Puebla necesita ordenar su crecimiento y actualizar sus programas urbanos si quiere hablar en serio de vivienda social.

El punto a favor es claro. Muchos municipios gobiernan el territorio con instrumentos viejos, parchados o inexistentes. Así no se construye ciudad; se administra el desorden. Sin Programas Municipales de Desarrollo Urbano actualizados, la vivienda social corre el riesgo de convertirse en casas lejos de todo, sin agua suficiente, sin transporte digno y sin servicios básicos.

También es cierto que la ley permite coordinación entre Federación, Estado y municipios. Pero coordinación no significa subordinación. El artículo 115 constitucional sigue siendo la raya: los ayuntamientos conservan facultades sobre uso de suelo, zonificación, licencias y desarrollo urbano. Si la reforma respeta esa frontera, puede ser útil. Si la bordea con ambigüedad, nacerá litigada.

Por eso García Parra tiene una oportunidad política: convertir una iniciativa sospechada en una reforma defendible. Para lograrlo no basta con decir que no se invaden competencias; hay que dejarlo escrito con precisión quirúrgica. El Congreso debe blindar el dictamen, no plancharlo.

Los riesgos están a la vista. Una mala redacción puede alimentar la idea de un traje a la medida para obras polémicas. Una mala operación puede beneficiar más al desarrollador que al ciudadano. Y una mala socialización puede convertir una reforma necesaria en otro pleito entre Gobierno, municipios, vecinos y tribunales.

La ruta responsable es sencilla: respeto expreso a las facultades municipales, consulta pública real, mapas abiertos, estudios de agua, movilidad, impacto urbano y medio ambiente, además de apoyo técnico a los ayuntamientos para actualizar sus programas. Si se quiere vivienda social, primero debe garantizarse ciudad habitable.

La confianza al coordinador de Gabinete puede concederse. La urgencia de vivienda también. Pero en desarrollo urbano no hay cheques en blanco: una coma mal puesta en la ley puede terminar convertida en una colonia mal planeada, una obra impugnada o un conflicto social que nadie presupuestó.