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Salinas Pliego lleva al Estado mexicano ante la CIDH y acusa “persecución política”

  • enero 16, 2026
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Salinas Pliego lleva al Estado mexicano ante la CIDH y acusa “persecución política”

Ciudad de México.— El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al acusar una supuesta “persecución política” en su contra que, asegura, inició en 2023.

De acuerdo con un comunicado de Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca sostuvo una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión del organismo regional, con el objetivo de que la CIDH declare la “responsabilidad internacional del Estado mexicano” y emita medidas de no repetición para —según su postura— proteger la libertad de expresión, la independencia judicial y el derecho de propiedad.

En la queja presentada, Salinas Pliego afirmó que sus empresas han sido objeto de una “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada”, que tendría como propósito limitar su participación en el debate público y su capacidad de crítica frente al poder político.

El empresario también acusó a medios públicos y a vocerías oficiales del gobierno federal, incluidas las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, de emprender una estrategia para desacreditarlo y, con ello, “silenciar la disidencia”.

En el mismo posicionamiento, el magnate rechazó las resoluciones fiscales que desde hace más de una década mantiene el Servicio de Administración Tributaria contra algunas de sus empresas, relacionadas con créditos multimillonarios derivados de presuntas irregularidades contables. Según Grupo Salinas, el empresario ha mostrado disposición para resolver sus obligaciones, pero acusa al Estado de actuar con un fin “coercitivo y no recaudatorio”.

La denuncia ante la CIDH se da en medio de una larga confrontación pública entre Salinas Pliego y el gobierno federal, así como de procesos legales y fiscales que continúan su curso en tribunales mexicanos. Mientras tanto, la Comisión Interamericana deberá determinar si admite el caso y si existen elementos para analizar una posible violación a derechos humanos.

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