Sinaloa en la mira: acusaciones de EU destapan red, Fiscalía se blinda y crece la tensión política
- Señalamientos por nexos con “Los Chapitos” escalan a nivel institucional; FGE fija postura, FGR investiga y el caso abre un frente legal, político y de seguridad.
Gerardo Herrera | Redacción AG Medios Noticias de Puebla
SINALOA.– Lo que comenzó como un señalamiento internacional ya es una crisis institucional en desarrollo. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa fijó postura tras la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La institución fue clara: cualquier proceso debe sujetarse a la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y tratados vigentes, dejando en manos de la Fiscalía General de la República la determinación legal del caso. En paralelo, reiteró el principio de presunción de inocencia, en un intento por contener el impacto político.
Pero el contenido de la acusación —presentada en una corte de Nueva York— eleva la gravedad. Según el expediente, existiría una estructura sistemática de sobornos a funcionarios estatales y municipales, con pagos mensuales que irían de 30 mil a 300 mil pesos, a cambio de permitir operaciones del grupo criminal sin interferencia, proteger rutas y filtrar operativos.
El documento también describe un presunto esquema de infiltración institucional, donde mandos de seguridad y procuración de justicia habrían facilitado la liberación de detenidos, advertido sobre cateos e incluso colaborado en acciones contra grupos rivales. En el caso del vicefiscal, se le identifica como “Culiacán Regio”, con supuestos pagos mensuales para proteger y alertar a la organización.
Más aún, la acusación plantea un componente político-electoral: el presunto apoyo del grupo criminal a campañas locales a cambio de control territorial e impunidad posterior, lo que abre un frente delicado sobre la relación entre crimen organizado y poder público.
El contexto no es menor. Sinaloa ha sido históricamente un epicentro del narcotráfico, con ciclos de violencia ligados a disputas internas del propio Cártel de Sinaloa, particularmente tras la fragmentación entre facciones como “Los Chapitos” y “La Mayiza”. En ese entorno, cualquier señal de colusión institucional adquiere un peso explosivo.
Mientras tanto, en México, el caso ya genera lecturas encontradas: desde quienes lo ven como una ofensiva política sin pruebas públicas, hasta quienes advierten que podría tratarse de uno de los expedientes más delicados en años recientes.
El escenario queda abierto: acusaciones graves, instituciones bajo presión y una investigación que apenas comienza. En Sinaloa, donde la línea entre seguridad y poder ha sido históricamente difusa, el caso podría marcar un antes y un después… o diluirse en el laberinto político-judicial.
