TV Azteca, depredación, abuso e ilegalidades
Álvaro Ramírez Velasco
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de Elektra y TV Azteca, es deudor del fisco; está documentado y el caso ha llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); es un violentador en razón de género y así lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2023; y también es un sistemático depredador de los trabajadores de sus empresas y las 40 multas que, tan solo en Puebla, ha tenido su televisora, además de dos juicios laborales en proceso y el caso de la histórica demanda que ganaron trabajadores de Elektra Teziutlán, en 2024, son prueba irrefutable de ello.
Encima, Salinas Pliego ha generado toda la configuración en términos de derecho para que sea revisada, con fines de cancelación, la concesión de TV Azteca, que incluyen Azteca Uno, Azteca 7 y ADN 40.
Muchas son las razones por las que TV Azteca debiera perder la concesión que le otorgó el Estado Mexicano para explotar el espectro radioeléctrico, entre ellas los intereses políticos de Ricardo Benjamín, pero las mayores violaciones tienen que ver con causas de interés público y seguridad, por las constantes mentiras de sus programas en el país y también en Puebla.
Eso, sin contar con “el incumplimiento grave de las condiciones que sirvieron de base para otorgar el título original”, como establece la ley.
De ese tamaño son las irregularidades en que se halla la televisora, su dueño, Ricardo Benjamín, y también de esa dimensión son las violaciones a las leyes en que incurren otras de sus empresas.
Pero volvamos al caso local: el gobierno del estado, en cumplimiento con su obligación legal y a petición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, ejecutó un proceso de embargo precautorio en las instalaciones de TV Azteca Puebla.
De inmediato y de manera abiertamente mentirosa, la televisora de Ricardo Benjamín adujo que se trataba de un tema de libertad de expresión, cuando en realidad es un proceso lisa y llanamente que tiene que ver con su sistemática violación a los derechos de sus trabajadores, con la depredación que es práctica cotidiana en esa y sus otras empresas.
La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado informó que el adeudo reclamado asciende aproximadamente a cinco millones de pesos y tiene su origen en multas impuestas por autoridades federales, que son derivadas de procedimientos administrativos relacionados con la Ley Federal del Trabajo.
La administración estatal actuó solamente en calidad de autoridad ejecutora, en cumplimiento de los convenios de colaboración fiscal entre la Federación y los estados. Así de sencillo.
Tan legítimo, legal y genuino fue el procedimiento, que TV Azteca Puebla debió exhibir una garantía de 3.3 millones de pesos, para que no se concretara el embargo -también como marca la ley-, mientras que en sus pantallas miente y lo seguirá haciendo permanentemente, porque esa es la conducta de Ricardo Benjamín.
Por eso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene tanta razón en llamar a que no se dé más credibilidad a las pantallas de Azteca, a no ver TV Azteca.
Por cierto, Salinas Pliego pretendió, al arranque de la actual administración estatal, que se le pagaran del erario poblano más de 2 mil millones de pesos a sus empresas.
Ese es su malestar, esa es también su depredación.
Es dinero, solamente eso, no es un tema de libertades.
