Escándalo electoral salpica a Puebla: investigan contratos por 179 millones de pesos
El Gobierno estatal pide investigar una presunta red empresarial que habría recibido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos durante distintas administraciones electorales.
PUEBLA, Pue.– El escándalo por presuntas irregularidades en contrataciones electorales también alcanza a Puebla. El Gobierno estatal informó que se identificaron contratos por 179.1 millones de pesos entre 2014 y 2025, relacionados con proveedores bajo investigación por posibles prácticas de corrupción.
El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que la investigación federal comprende operaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, presuntamente vinculadas con una red de al menos seis empresas que habría operado desde 1999, atravesando distintas administraciones del antiguo IFE, el INE y organismos electorales estatales.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, las contrataciones investigadas incluyen 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, así como otros 646 millones durante 2024 y 2025. En Puebla, los contratos identificados ascienden a 49.4 millones y 129.7 millones de pesos, respectivamente, para los periodos 2014-2023 y 2024-2025.
El caso también tiene implicaciones políticas. García Parra recordó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral de Sonora en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, mientras que su llegada a la presidencia del organismo nacional, en 2023, ocurrió mediante insaculación. No obstante, estos antecedentes no acreditan por sí mismos responsabilidades individuales en las contrataciones investigadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó, según lo expuesto por el funcionario estatal, que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar determinadas cuentas relacionadas con las investigaciones. Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta respaldó el esclarecimiento de los hechos y planteó que las revisiones deben alcanzar a todos los involucrados, sin vulnerar la autonomía de las autoridades electorales.
En otro frente, el secretario estatal de Anticorrupción, Alejandro Espidio, informó que 315 servidores públicos han sido separados de la administración estatal por irregularidades, aunque no se estableció una relación directa entre estas destituciones y los contratos electorales investigados. También destacó la digitalización del registro de proveedores y el acompañamiento de los órganos internos de control en las licitaciones.
