¿Quién se llevó el dinero del INE?
25 años de contratos y demasiados nombres por investigar
Directo y Sin Escalas, por Gerardo Herrera
La renuncia de Guadalupe Taddei podría ser apenas la punta del iceberg. La Auditoría Superior de la Federación acaba de abrir una auténtica caja de Pandora: investigará 25 años de contrataciones del IFE, INE y organismos electorales estatales. De 2000 a 2025. Un cuarto de siglo administrando miles de millones de pesos. ¿Cuántos hicieron negocios al amparo de la democracia?
Y aquí viene lo interesante. Por esas oficinas desfilaron José Woldenberg (1996-2003), hoy académico y vinculado a la revista Nexos; Luis Carlos Ugalde (2003-2007), director de Integralia Consultores; Leonardo Valdés Zurita (2008-2013), académico en Puebla; Lorenzo Córdova (2014-2023), investigador de la UNAM y comentarista político; y Guadalupe Taddei (2023-2026), quien renunció el 26 de octubre en medio del escándalo de contrataciones. Todos encabezaron al árbitro electoral. Ninguno puede quedar fuera de la revisión de su respectiva gestión, aunque haber ocupado la presidencia no demuestra responsabilidad en irregularidades.
Pero los presidentes no firmaban necesariamente cada contrato. Hay que mirar también hacia quienes operaban la maquinaria administrativa. Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de 2008 a 2023, conoció las entrañas presupuestales del organismo durante tres lustros. Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva de Taddei, aparece vinculada a una contratación de 33.8 millones de pesos adjudicada en Chihuahua a Cajas Graf cuando presidía el instituto electoral estatal. Y Liliana Díaz de León Zapata dirige actualmente la administración del INE. Tres nombres relevantes para reconstruir decisiones, controles y responsabilidades, sin prejuzgar culpabilidades.
El componente político resulta inevitable. El IFE atravesó gobiernos del PRI y del PAN; el INE, administraciones del PRI y Morena. Hoy antiguos consejeros defienden la autonomía electoral desde la academia, los medios o espacios políticos, mientras otros abandonaron sus cargos entre cuestionamientos. Pero la autonomía jamás significó inmunidad para manejar recursos públicos. Y tampoco puede convertirse una auditoría en instrumento de revancha contra quienes incomodan al gobierno.
La ASF ya identificó indicios de irregularidades históricas y revisará la concentración de proveedores. Entre los empresarios señalados aparece José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a Cajas Graf y otras compañías proveedoras de materiales electorales. La pregunta es elemental: ¿quién autorizó los contratos, quién verificó la competencia y quién permitió que determinadas empresas acumularan adjudicaciones?
Porque si durante 25 años existieron esquemas irregulares, como ahora se investiga, no bastará con exhibir a Taddei. Habrá que seguir los expedientes, las firmas, los pagos y los beneficiarios, caiga quien caiga.
En México hemos fiscalizado hasta el último voto. Ya es hora de fiscalizar, con el mismo rigor, hasta el último peso de quienes los cuentan.
Y una última pregunta: ¿la ASF llegará hasta el fondo o también terminará contando votos para decidir a quién investiga?
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