Estado entra al rescate del relleno sanitario de Cholula; empresa incumplió y deberá pagar los trabajos
• El gobierno de Alejandro Armenta asumirá las labores para rellenar el socavón y atender los daños ambientales; la concesionaria Pro-Faj enfrentará sanciones.
Puebla, Pue., 4 de noviembre de 2026.– Ante el incumplimiento de la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza S.A. de C.V., concesionaria del relleno sanitario de Cholula desde hace una década, el Gobierno de Puebla decidió intervenir directamente para atender las afectaciones ambientales y rellenar el socavón que mantiene preocupados a los habitantes de la zona.
Por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, maquinaria estatal fue enviada al lugar para ejecutar los trabajos que la empresa debía realizar conforme a los compromisos firmados ante la Secretaría de Gobernación en marzo de este año. Las autoridades estiman que las labores podrían concluir en aproximadamente ocho semanas.
La intervención tendrá consecuencias económicas y legales para la concesionaria, ya que el Gobierno del Estado anunció que aplicará las sanciones correspondientes y reclamará el reintegro de los recursos públicos utilizados para cumplir obligaciones que originalmente correspondían a Pro-Faj.
El caso ha generado inconformidad entre pobladores de comunidades cercanas al relleno sanitario, quienes han exigido atender las afectaciones ambientales y evitar que las instalaciones vuelvan a operar. La intervención estatal responde a estas demandas, después de que los acuerdos previamente establecidos con la empresa no se cumplieran.
Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, reconoció la intervención del gobernador y reiteró su postura de que el relleno sanitario no volverá a abrir sus puertas, al considerar prioritaria la atención de las demandas de las comunidades afectadas.
Con la maquinaria estatal en operación, el reto será concluir los trabajos en el plazo anunciado, determinar las responsabilidades de la concesionaria y garantizar que los costos de la remediación no terminen siendo absorbidos definitivamente por los recursos públicos.
