Escándalo de Taddei destapa presuntas irregularidades de 25 años en el INE; ASF amplía investigación a todo el país
Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, la Auditoría Superior de la Federación revisará contratos, proveedores y posibles redes de corrupción en los organismos electorales estatales desde el año 2000.
CIUDAD DE MÉXICO.– El escándalo de presunta corrupción que provocó la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un frente de investigación mucho más amplio: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión histórica de las contrataciones electorales realizadas entre 2000 y 2025, que incluye al antiguo IFE y a todos los organismos públicos locales electorales (OPLEs).
El organismo fiscalizador advirtió que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas revelan indicios de múltiples irregularidades en el manejo de recursos públicos. La investigación contempla posibles conflictos de interés, concentración de proveedores, colusión empresarial y triangulación de recursos, prácticas que habrían involucrado a funcionarios y empresas contratistas.
La decisión ocurre después de que el Órgano Interno de Control del INE identificara 18 expedientes relacionados con contrataciones bajo sospecha, de los cuales cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidades administrativas. Además, las revisiones han puesto bajo escrutinio contratos por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, sin que ello signifique que la totalidad de esos recursos constituya un daño patrimonial comprobado.
El caso también ha adquirido dimensión política. La renuncia de Taddei, los cuestionamientos de partidos y la intervención de la ASF colocaron nuevamente en el debate la transparencia del árbitro electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una revisión amplia de los contratos, mientras el INE, ahora bajo la presidencia provisional de Blanca Cruz García, anunció acciones para deslindar responsabilidades y acudir a la Fiscalía General de la República.
La investigación podría alcanzar a organismos electorales de distintas entidades, donde empresas señaladas por presunta simulación de competencia habrían obtenido contratos millonarios. De acuerdo con investigaciones periodísticas, proveedores vinculados al escándalo aparecen en operaciones de al menos 17 estados, con contrataciones que suman más de mil 800 millones de pesos.
Por ahora, la ASF no ha difundido una relación definitiva de responsables ni resoluciones que acrediten delitos. El desafío será establecer si las irregularidades responden a casos aislados o a esquemas de contratación que sobrevivieron a distintas administraciones y gobiernos, con consecuencias para la credibilidad de las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
