Acoso sexual: la realidad que se esconde en los centros de trabajo
Entre las denuncias que prosperan, las que esperan justicia y las que nunca se presentan, persiste una forma de violencia de la que pocos quieren hablar.
Por Ángela Mercado.
La Fiscalía de Puebla ha informado en los últimos días sobre avances en investigaciones que estremecen: Jesús Isidoro N., vinculado a proceso por presunta violación equiparada contra una niña de 11 años; Guillermo N., investigado por abuso sexual contra una menor en Huehuetla; Fernando N., vinculado por el feminicidio de Karla Damaris en Tehuacán, y una orden de aprehensión contra Andrés N., por presunto feminicidio y tentativa de feminicidio.
Son actuaciones importantes. Pero la justicia no debería limitarse a los casos que alcanzan los titulares.
Hay otra violencia, menos visible, que ocurre todos los días detrás de escritorios, puertas cerradas y relaciones laborales marcadas por el abuso de poder.
Las cifras ayudan a dimensionarla. Una investigación de la periodista Paola Morales Calderón, publicada por e-consulta en mayo de 2026, documentó que la Secretaría de Salud de Puebla acumuló 304 quejas por acoso laboral entre 2020 y 2026, además de siete por hostigamiento y acoso sexual desde 2023. Tan solo en 2025 se registraron 45 denuncias por acoso laboral. Son conductas distintas, pero revelan un entorno institucional que merece atención.
Y entre los casos que requieren esclarecimiento se encuentra el de Roberto Carlos N., señalado por presunto acoso sexual contra una compañera de trabajo en la Secretaría de Salud, asunto documentado por el periodista Pablo Ruiz Mena. Lee la columna completa: https://puebla.quadratin.com.mx/opinion/nada-personal-140/
Lo particularmente delicado es que, según el señalamiento difundido, el denunciado habría presumido que ninguna acusación prosperaría porque es “gente del gobernador”.
¿Realmente tiene esa cercanía o simplemente utiliza el nombre del mandatario para intimidar? No está demostrado. Pero cualquiera de las dos posibilidades obliga a esclarecer lo ocurrido.
Alejandro Armenta ha sostenido reiteradamente que nadie puede utilizar su nombre, amistad o parentesco para obtener privilegios. Incluso ha advertido que sus familiares tienen una responsabilidad mayor de respetar la ley.
El verdadero desafío es que esa regla se cumpla también en las oficinas públicas, donde las influencias reales o inventadas pueden convertirse en instrumentos de intimidación.
Pero hay algo todavía más preocupante: las cifras oficiales únicamente muestran lo que se denuncia.
¿Cuántas mujeres guardan silencio por miedo a perder su empleo, ser marginadas, recibir represalias o quedar etiquetadas como conflictivas? ¿Cuántas soportan insinuaciones, humillaciones o presiones porque necesitan llevar un salario a casa?
Otra columna que habla de La violencia detrás de las pantallas
Y no siempre el abuso proviene de un hombre. También existen mujeres que ejercen violencia y acoso laboral contra otras mujeres, aprovechando jerarquías, rivalidades o posiciones de poder. Una realidad incómoda que tampoco debería quedar fuera de la conversación.
El acoso no tiene género exclusivo; el abuso de poder tampoco. Y el silencio institucional puede proteger a cualquiera.
Por eso, además de reconocer los avances de la Fiscalía, corresponde exigir seguimiento a los casos documentados, protección efectiva para quienes denuncian y mecanismos confiables para aquellas personas que todavía no se atreven a hacerlo.
Porque detrás de cada expediente puede haber muchas otras historias que nunca llegaron a denunciarse.
La pregunta no es solamente cuántos acosadores han sido investigados, sino cuántas víctimas siguen trabajando frente a ellos, obligadas a callar para conservar su empleo.
De eso también tenemos que hablar.
Esa es mi Mirada de Mujer. Búscame en X como @angelamercadoo
