La Inversión Oscura: Marín, Moreno Valle y el Rastro Financiero
Por Angela Mercado.
El escándalo financiero que involucra a los exgobernadores Mario Marín y Rafael Moreno Valle Rosas no es solo un tema de denuncias políticas, sino un claro reflejo de las malas decisiones financieras que marcaron el destino económico de Puebla durante sus respectivos mandatos. La noticia de que estos exgobernadores invirtieron 300.3 millones de pesos en instituciones como Casa de Bolsa Vector y CIBanco —entidades ahora sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su implicación en el lavado de dinero ligado al narcotráfico— es el tipo de revelación que, aunque no nos sorprende, sí marca un punto de no retorno.
En particular, las inversiones realizadas durante las gestiones de Marín (2005-2011) y Moreno Valle (2011-2017) en los años 2008-2009, por un total de 201.6 millones de pesos a través de Vector Casa de Bolsa, muestran una falta de escrúpulos no solo a nivel ético, sino también financiero. Estas transacciones involucraron la compra de productos financieros cuyo vínculo con operaciones ilícitas no ha sido completamente esclarecido, pero sí claramente documentado por los informes de las autoridades estadounidenses. La vinculación de estos fondos con el lavado de dinero de cárteles mexicanos, especialmente en la triangulación de pagos hacia China para la adquisición de precursores químicos para fentanilo, deja claro que el dinero invertido no era producto de actividades legítimas.
Ahora, con la intervención legal de 2025, se han logrado recuperar 169.5 millones de pesos de los 201.6 millones invertidos, dejando un remanente de 32.1 millones de pesos que vencerán hasta 2033. Este largo periodo de espera y la incertidumbre sobre la conveniencia de vender los activos en este momento refleja la complejidad de los movimientos financieros realizados por la administración de Moreno Valle, que han dejado una huella difícil de borrar. ¿Qué tan seguros estaban de sus inversiones? ¿Cuánto de esta suma realmente fue un intento legítimo de incrementar el capital del gobierno estatal y cuánto fue una fachada para mover dinero de origen cuestionable? La pregunta está en el aire, y las autoridades financieras, ahora más que nunca, tienen la responsabilidad de esclarecerla.
En cuanto al fideicomiso en CI Banco, creado en 2012 por Rafael Moreno Valle, por un monto de 98.7 millones de pesos, la historia es aún más turbia. Este fideicomiso fue estructurado como un mecanismo de pago para las obligaciones del estado en relación con los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). La falta de transparencia sobre las obras pagadas con estos fondos, especialmente cuando se menciona que se utilizaron para financiar la plataforma de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, agrega una capa más de opacidad a lo ya difícil de entender. Y ahora, con el proceso de sustitución fiduciaria que está en marcha, trasladando estos fondos de CI Banco a BBVA México, las implicaciones financieras siguen siendo inciertas. Lo que parece claro es que estos movimientos financieros, aunque aparentemente legales, fueron todo menos transparentes.
Lo más impactante, sin embargo, es el impacto de estos casos en el mercado financiero de Puebla y en las relaciones internacionales. La sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU., que coloca a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam como entidades implicadas en el lavado de dinero, no solo afecta la reputación de las instituciones financieras involucradas, sino que también tiene repercusiones en los inversionistas que confiaron en ellas. Las sanciones contra estas entidades implican restricciones en sus operaciones internacionales, lo que puede afectar no solo a los clientes locales, sino a los inversionistas extranjeros que operan en el estado de Puebla, ya sea en el sector bancario, de bienes raíces o manufactura.
Además, el trasfondo de la operación también involucra un contexto más amplio de política económica y financiera entre México y Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. Con la creciente presión de Estados Unidos sobre las instituciones mexicanas para frenar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo, el gobierno mexicano tiene ahora que navegar en un delicado equilibrio entre responder a los señalamientos internacionales y proteger a las instituciones nacionales. Esto podría resultar en una revisión más estricta de las políticas bancarias en México, especialmente en lo que respecta a la relación con empresas y clientes de alto riesgo.
En resumen, lo que parecía una inversión tradicional, parte de un juego político-financiero bien aceitado, ahora se presenta como un eslabón más en la cadena de corrupción e impunidad que marcó a los gobiernos de Marín y Moreno Valle. Y la realidad es que, con los movimientos que se están llevando a cabo en las finanzas internacionales, no será el único escándalo de esta índole. La caída de estas torres no es el final de una historia, sino apenas el principio de una serie de repercusiones que podrían sacudir aún más el sistema financiero de Puebla, así como la confianza pública en las instituciones. Lo que está en juego no es solo el dinero recuperado, sino también la credibilidad de las autoridades que deben asegurarse de que este tipo de actos no queden impunes.
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