Por intimidación, vinculan a proceso a Irene N., expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros
Este lunes, el Juez del Sexto Circuito vinculó a proceso a Irene N., exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, por el delito de intimidación, derivado de hechos ocurridos durante su gestión al frente del ayuntamiento. La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla y se prolongó por casi cinco horas.
La imputación está relacionada con presuntas acciones de intimidación contra tres testigos protegidos, quienes denunciaron irregularidades como falsificación de documentos y manipulación institucional. Dos de ellos fueron despedidos, mientras que Socorro Barrera, la tercera testigo, fue asesinada hace un año en circunstancias que aún están bajo investigación.
Durante la audiencia también se abordaron líneas de investigación abiertas por tortura, agresión sexual, falsificación y el homicidio de un testigo clave, aunque por ahora solo se dictó vinculación formal por el delito de intimidación. La Fiscalía continuará las indagatorias para robustecer otros señalamientos.
A Irene N. se le impusieron medidas cautelares que le prohíben salir del estado o acercarse a las víctimas. La próxima audiencia está programada para el mes de agosto.
En paralelo, seis policías municipales identificados como presuntos responsables de tortura sexual y abuso de autoridad continúan prófugos, tras haber obtenido amparos. Los hechos por los que son señalados incluyen los abusos sufridos por las victimas en marzo de 2023, quienes han exigido justicia de forma constante ante un proceso que ha enfrentado obstáculos y presuntos encubrimientos.
Michelle, una de las víctimas, expresó tras la audiencia:
“Tarde o temprano, Irene enfrentará las consecuencias de sus actos. Este proceso confirma que la justicia avanza, aunque aún falta mucho por hacer”.
El caso es considerado de alto impacto, no solo por la naturaleza de los delitos, sino por el contexto de impunidad y violencia institucional que se ha denunciado reiteradamente en Izúcar de Matamoros. Las víctimas y sus representantes han solicitado a las autoridades federales fortalecer las medidas de protección y redoblar esfuerzos para la captura de los implicados.
