Investiga Anticorrupción, denuncia contra funcionario por presunta promoción personalizada en bardas

Itzeli Zamora
Puebla, Pue.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de Puebla confirmó que analiza una denuncia ciudadana presentada contra un servidor público estatal por la presunta promoción de su nombre a través de bardas colocadas en distintos puntos de la entidad. El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, señaló que el caso se encuentra en etapa de evaluación para determinar si existen elementos suficientes y cuál sería la autoridad competente para resolverlo.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad del funcionario señalado ni la ubicación de la propaganda denunciada. Sin embargo, el caso cobra relevancia porque podría encuadrar en disposiciones constitucionales y electorales que prohíben la promoción personalizada de servidores públicos fuera de los periodos permitidos.

¿Qué normas podrían estar involucradas?
De confirmarse que las bardas tienen como finalidad posicionar la imagen, nombre o aspiraciones de un funcionario utilizando recursos públicos o aprovechando su cargo, podrían configurarse posibles violaciones a:
- Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de equidad en la contienda y actos anticipados de promoción política.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas, en caso de acreditarse uso indebido de recursos públicos, aprovechamiento del cargo o promoción personal con recursos gubernamentales.
- Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, si la conducta genera una ventaja indebida con fines político-electorales o de posicionamiento anticipado.
Posibles consecuencias
Dependiendo de la naturaleza de los hechos y de la autoridad que atraiga el caso —la Secretaría Anticorrupción, el Instituto Electoral del Estado de Puebla o incluso el Instituto Nacional Electoral— las sanciones podrían ir desde amonestaciones y medidas correctivas hasta procedimientos de responsabilidad administrativa o sanciones electorales. La propia Secretaría Anticorrupción ha informado recientemente que ha impuesto sanciones e incluso inhabilitaciones a servidores públicos por conductas contrarias a la ley.
Por ahora, el expediente continúa en revisión y las autoridades no han determinado si existe una falta administrativa o electoral. La resolución dependerá de la evidencia recabada y de si se acredita que la propaganda tuvo fines de promoción personalizada o posicionamiento político.
Dato de contexto: En los últimos años, el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la promoción personalizada puede configurarse incluso sin pedir el voto, cuando la propaganda destaca de manera reiterada el nombre, imagen o cualidades de un servidor público con fines de posicionamiento ante la ciudadanía. Esto ha derivado en sanciones contra gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios en distintas entidades del país.










